CONSIDERACIONES SOBRE LA NACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA
Proyecto de Ley “UNE”: del proceso de normalización
al proceso de nacionalización
Luego de que el gobierno nacional anunciara a través del presidente Alberto Fernández la creación de cuatro universidades y la nacionalización de la UPE, la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación envió, conforme el artículo 48 de la LES 24.521/95, al Consejo Interuniversitario Nacional –CIN- los proyectos de Ley para que dictamine sobre su factibilidad.
En la reunión plenaria del 29 de junio de este año el CIN, que reúne a la totalidad de rectores y rectoras de las universidades públicas nacionales y provinciales del país, apoyó el proyecto de nacionalización de la UPE.
Sin embargo, recomendó respetar la autonomía y las autoridades vigentes conforme a la posición documentada por el Consejo Superior de la universidad y la declaración de la Red de Universidades Provinciales –RUP- contradiciendo en este punto el proyecto de ley presentado.
En la misma reunión se decidió apoyar también los proyectos de creación de las Universidades Nacionales de Saladillo, Cuenca del Salado, Pilar y Delta, que deberán tratarse en la HCDN. Las Universidades con sedes en las localidades de Cañuelas (Universidad Nacional de la Cuenca del Salado), Saladillo, Tigre (Universidad Nacional del Delta) y Pilar han recibido, con aportes menores, el aval del cuerpo a los proyectos recibidos desde la Cámara alta.
En el caso de la Universidad Provincial de Ezeiza se propone realizar el traspaso interjurisdiccional respetando la continuidad de sus cuerpos colegiados y de las autoridades vigentes (con mandato hasta el año 2023) en virtud de su autonomía y su condición estatutaria.
Esta recomendación se encuadra tanto en antecedentes recientes como la actual Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) como en las demás universidades nacionalizadas en democracia desde el año 1983 a la fecha.
Cabe señalar que lo mismo ocurrió con aquellas universidades tradicionales que históricamente identificamos como nacionales pero que en su creación fueron provinciales como es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, o la Universidad Nacional de Tucumán, solo por mencionar algunos ejemplos.
Los procesos de nacionalización se enmarcan siempre en la creación de una universidad nacional que, en términos técnicos, no es nueva porque se crea sobre la base de una universidad provincial existente. En el caso particular de la UPE, la universidad cuenta con 6 mil estudiantes activos, 700 graduados, 250 docentes, 43 No Docentes y autoridades concursadas, colegiadas y elegidas producto del cogobierno tripartito y con mandato estable hasta el 2023. También cuenta con carreras en funcionamiento que poseen reconocimiento y validez nacional, grupos de Investigación, observatorios, grupos de extensión, más de 70 convenios, internacionalización a través de la movilidad de estudiantes, posgrados, diversas actividades de formación continua y un calendario académico ya establecido con clases, docentes y estudiantes asignados a comisiones que solo pueden respetarse para sostener las cursadas sin obstrucciones de facto. Todo esto transforma el traspaso de jurisdicción en una situación por demás compleja por cuanto éste puede ser más breve o más extenso que la duración misma de los mandatos y por tener, además, que contar con un presupuesto mayor que una universidad a crearse que aún no cuenta con desarrollo institucional.
Como resultado de este proceso el CIN ha suscripto el ACUERDO PLENARIO Nº1140/31 en el cual se deja de manifiesto la recomendación.
Los desafíos de la universidad más allá de la jurisdicción
La universidad quiere decir ascenso social para los que estudian, trabajo para los equipos docentes, investigación aplicada y vinculación tecnológica para el sector productivo, solidaridad comunitaria, desarrollo local y por ende mejor calidad de vida para la comunidad del lugar y su radio de acción. Por eso es innegable que un cambio jurisdiccional representaría una mejora significativa, siempre que éste lleve implícito el reconocimiento del camino que la UPE ya ha recorrido y ha sabido construir desde su normalización.
La Universidad Provincial de Ezeiza que podrá nacionalizarse tendrá que darles sostenibilidad a las metas vinculadas al desarrollo local y regional, por que seguirá ofreciendo carreras de gestión aeroportuaria, comercio internacional, turismo, higiene y seguridad, software y logística que están involucradas temáticamente con los grandes polos productivos de la región.
No hay manera de que la UPE nacionalizada o no, no sea una universidad inclusiva, creativa y comprometida. A los y las estudiantes nada les cambiará. A los Docentes y No Docentes que quieran seguir se les modificará seguramente su dependencia jurisdiccional pero la enseñanza, la extensión y la investigación deberán continuar porque son las funciones sustantivas de toda institución universitaria. En definitiva, se deberá seguir apostando al conocimiento por que como dice Albert Einstein:
“Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con Iglesia, con minas, con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico”.
A pesar de no ser un proyecto originado en el seno de la propia universidad, la UPE ha participado de todas las instancias requeridas por este nuevo proyecto, apoyando y otorgándole valor y contenido a la nacionalización.
El reconocimiento del camino institucional de la Universidad Provincial de Ezeiza y el respeto por su autonomía serán de ahora en más responsabilidad del Congreso de la Nación, quien para avanzar en la nacionalización deberá otorgarle al proyecto de ley media sanción en Cámara de Diputados, para luego ser remitida a la Cámara de Senadores, su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Nación y la consiguiente suscripción del convenio entre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación.
Está en el cuerpo de legisladores aprobar el proyecto tal como fuera presentado o con las recomendaciones del CIN, la RUP y las del propio Consejo Superior, compartiendo el objetivo común de la nacionalización, pero con el requerimiento del respeto a la UPE y los principios rectores del sistema universitario argentino.